El reciente despido de Fernando Carmona como gerente de Giracom, Girardota, ha revelado una preocupante red de corrupción y abuso de poder dentro de la entidad.
Las acusaciones en su contra han generado indignación y preocupación entre los ciudadanos, quienes ahora demandan transparencia y justicia.
Carmona es acusado de utilizar su posición de gerente para facilitar prácticas corruptas, beneficiando a sus allegados y desviando recursos públicos. Uno de los nombres más mencionados en este escándalo es Carlos Mario Gallego, un contratista notoriamente cuestionado en Itagüí y conocido por su cercanía con la administración de Luis Pérez.
Gallego no solo tiene un historial de malversación de fondos en Ingecon, sino que también es socio del jeque árabe Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, una figura relacionada con el controvertido clan Gilinski.
Las investigaciones indican que Gallego ordenaba a Carmona realizar pagos no autorizados y cobrar comisiones a aquellos que presentaban facturas. Esta relación corrupta permitió al exgerente de Giracom desviar fondos públicos para favorecer a sus amigos y socios, utilizando el dinero de los girardotanos para sus propios beneficios.
El impacto de estos actos de corrupción es alarmante, por ese mismo motivo es que fue destituido Carmona de Giracom, quien no tenía ni 5 meses en el cargo.
Ahora bien, la conexión entre Carmona y Gallego no solo pone en evidencia la falta de ética y transparencia de su corta gestión en Giracom, sino que también destaca la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control dentro de la administración pública.
En ese sentido, la destitución de Carmona es solo el primer paso hacia la rectificación de estos abusos. Es imperativo que se realicen investigaciones profundas para identificar y sancionar a todos los involucrados en este esquema de corrupción, ya que solo a través de la transparencia y la rendición de cuentas podrá Girardota recuperar la confianza de sus ciudadanos y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y justa.
Este escándalo debe servir como una advertencia para otras entidades y administraciones locales. La corrupción y el abuso de poder son inaceptables en Girardota y tienen consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas.
