El próximo martes 21 de enero, se realizará una audiencia donde buscarán que el juez revoque la medida de aseguramiento.
El próximo martes 21 de enero, se realizará en los juzgados de Apartadó, Urabá antioqueño una audiencia que fue solicitada por el abogado del exdirector de Corpouraba, Alexis Cuesta, en donde buscarán que el juez revoque la medida de aseguramiento que tiene.
El exfuncionario se encuentra actualmente en la cárcel Villa Inés de Apartadó porque habría drogado y abusado sexualmente de su sobrina. Tras conocer esta noticias, familiares y personas cercanas a la víctima alertaron por la solicitud que realizaron y aseguraron que si Cuesta regresa a su libertad, esto puede representar una amenaza para la menor de edad.
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Una persona cercana a la madre de la víctima, que pidió reservar su identidad por seguridad, expresó que el exfuncionario no debe salir hasta que no pague por lo que hizo. Afirmando que, “Las niñas se respetan y más que es su sobrina de sangre que le tenía confianza porque veía en él una figura paternal ante la ausencia de su padre. Que Alexis cuesta salga en libertad es poner en riesgo a la menor”.
Además, denunciaron que habría empresarios interesados en que el exfuncionario regrese al cargo, puesto que en el momento solo hay un director encargado y desde Corpourabá no han nombrado uno en propiedad. Los allegados a la víctima afirmaron que estás personas estarían usando influencias políticas para que Alexis Cuesta quede en libertad.
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Por su parte, María Moreno quien hace parte de un colectivo feminista de la subregión de Urabá, reiteró que “La mayoría de las víctimas de abuso sexual e incesto paterno filial, son abusadas sexualmente por conocidos y familiares, que acceden con facilidad a la menor de edad porque se aprovechan de la confianza que hay entre los seres queridos”.
Mientras que el comandante del departamento de policía Urabá, coronel William Alberto Zubieta Pardo informó que, los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, aumentó un 8% en esta subregión como registraron en 2024, de las cuales, 72 personas fueron capturadas, entre las que se encuentra el funcionario de alto cargo en Urabá.