Una vez en Colombia los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos.
Las labores de policía judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días. La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los $10 millones de pesos. Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos.
Así lo confirmó el coronel Hebert Noé Mejía Castro, subdirector de Investigación Criminal e INTERPOL-DIJIN.
El ente acusador determinó que, parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.
En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres.
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
