Mientras que, por un lado, la Alcaldía de Medellín otorgó un permiso al colectivo Fuerza y Grafiti para realizar un nuevo mural en el deprimido de la Autopista Norte, nuevamente, orientado a la memoria de las víctimas de la comuna 13, por otro lado, la Personería Distrital abrió un proceso de vigilancia administrativa para encontrar presuntas responsabilidades de quienes habrían borrado algunos murales en la ciudad.
Dicha investigación se daría luego de la queja de un ciudadano que denunció presuntas irregularidades entre funcionarios públicos, los mismos que, al parecer, habría, según el representante del ministerio público, censurado o limitado la libre expresión en la ciudad.
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A la investigación de la personería, se suman también las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aclaró que ya existe un acuerdo con los integrantes de la Mesa de Grafiti, encargados de realizar un nuevo mural en memoria de las víctimas.
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Así mismo, desde la secretaria de Cultura de Medellín, el secretario Santiago Silva manifestó el compromiso con el arte y la cultura, resaltando que, durante la actual administración, en Medellín, se pintarán más de 30 mil metros cuadrados de murales.
RCN Radio intentó comunicarse con los grafiteros de la ciudad, y estos no quieren, por ahora, dar declaraciones frente a los murales que se han plasmado en relación con los hallazgos de la comuna 13 de Medellín.
Traslado de reclusos en Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, entregó desde el municipio de Peque, occidente de Antioquia, varios anuncios relacionados con la seguridad del departamento.
Luego de un consejo de seguridad realizado en este municipio, Rendón Cardona anunció que, en trabajo articulado con varias instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Departamental se acordó que 70 condenados que permanecen en estaciones de policía serán trasladados a cárceles del país, esto para que los uniformados no ejecuten labores que son propias y responsabilidad del Inpec.
Hay que mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad departamental, hace 15 años Antioquia tenía cerca de 8.000 efectivos y hoy son solo 5.000, muchos de ellos deben estar en función de la seguridad de las personas privadas de la libertad.